El pasado 21 de febrero se publicó en el boletín Oficial del Estado la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, a través de la cual se traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva Whistleblowing donde se obliga a los Colegios Oficiales a incorporar el Canal Denuncias, con el objetivo de que cualquier trabajador, o tercera persona, pueda informar de forma anónima o confidencial de las posibles infracciones o irregularidades en las que se pueda estar incurriendo.
De esta forma, y en aplicación de la citada Ley, el Consejo General pone a disposición de todos los ciudadanos el Canal de Denuncias, donde se recogerán las mismas, de forma anónima, si se prefiere así, o con sus datos personales.
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